El final de la 1ª Guerra Carlista y la consiguiente aprobación de la Ley de Modificación de Fueros de 1841, que regulaba las relaciones entre el viejo Reino de Navarra y el incipiente Estado liberal español, marcaron el comienzo del despliegue revolucionario burgués en el territorio navarro. A partir de ese momento, las sucesivas medidas liberales fueron haciendo acto de presencia, cada vez con más vigor, llegando a provocar, en algunos casos, la desarticulación de la concepción que de las comunidades campesinas se tenía hasta entonces.

El triunfo de la reforma agraria liberal supuso un incremento del proceso desamortizador municipal, gracias al beneplácito de la propia Diputación; también, sirvió para acentuar una tendencia que no era nueva, pero que en estos años tomó un impulso extraordinario: la intensificación productiva agrícola, lo que afectó al tradicional sistema de integración agro-silvo-pastoril, fracturando su equilibrio. Dicha realidad tendría, al menos, un par de efectos negativos para las economías campesinas, ya que, por un lado, supondría una merma de los disfrutes comunales para un porcentaje amplio del vecindario y, por otro, los aprovechamientos comunales se transformarían en ordinarios, es decir, se subastarían, ante el precario estado de los fondos municipales. Ante esta situación, la presión sobre los cada vez más reducidos bienes municipales se haría, con el tiempo, más patente. En ellos, habida cuenta de la función que desempeñaban en una economía orgánica que, a duras penas, transitaba hacia una economía de mercado, era donde radicaba una parte importante del excedente necesario para seguir sobreviviendo, o para poder medrar a la sombra de los disfrutes vecinales. Por ello, no resultarán extraños los enfrentamientos entre las distintas clases sociales, así como en el seno de ellas. El aprovechamiento de los pastos, primero; y, la disponibilidad de tierras, una vez rozados los bienes públicos, después, fueron las cuestiones que, a nivel agrario, más preocuparon en los años centrales del siglo XIX a los campesinos navarros.

Las carencias financieras de los ayuntamientos tras los conflictos militares, que les obligaron a vender sus bienes, se agravaron aún más cuando, como consecuencia de la reforma liberal de las haciendas locales, su capacidad financiera fue menor. Sus obligaciones presupuestarias, no compensadas con nuevos ingresos, lastraron las finanzas de los entes locales. Las consecuencias sobre las economías campesinas no tardarían en llegar; como tampoco lo hicieron las provocadas por la crisis del modelo económico tradicional que planteaba una liberalización de los procesos de producción y comercialización de los principales artículos de consumo, rompiendo con un intervencionismo municipal que, además de garantizar la provisión de determinados alimentos, permitía a las corporaciones ingresar una cantidad de dinero regular, con la que financiar determinados servicios municipales. Los presupuestos locales rara vez cuadraban y se cerraban con subidos déficit que, obviamente, atentarían directamente contra la línea de flotación de esa función asistencial que en algunas comunidades campesinas las autoridades decían mantener.

Las respuestas de éstas, ante el abandono de esa economía moral, fruto de la integración de las economías campesinas en la lógica del mercado, fueron expeditivas. Las tasas de conflictividad y de criminalidad se incrementaron palmariamente. Las primeras, porque los campesinos siguieron defendiendo, en multitud de ocasiones, la pervivencia de la costumbre; las segundas, porque, ante dicho aumento de los conflictos, la actitud represiva del Estado fue tipificando como delitos un buen número de actos que reivindicaban viejos derechos consuetudinarios y que, por ello, hasta entonces no eran considerados como tales. La criminalización de la costumbre, con la connivencia de las autoridades, tanto civiles como judiciales, fue respondida activamente por la población. No siempre colectiva, ni organizadamente; pero sí diariamente. A lo largo de todo el año, y en especial cuando Navarra era invadida durante el verano por las festividades populares o cuando llegaba el crudo invierno, se fueron sucediendo en los núcleos rurales pequeños hurtos, ataques contra la propiedad burguesa, incendios, pero también reyertas, que acababan en lesiones y asesinatos, y pequeñas alteraciones de orden público, a la salida de la tertulia o de las tabernas, bien regado el cuerpo de vino, que mostraban el grado de crispación de la multitud, así como su oposición a la forma elegida para implantar el proceso revolucionario liberal. Por supuesto, el panorama reivindicativo también nos muestra otro tipo de actos más multitudinarios: revueltas contra la pervivencia de las pechas, contra los impuestos al consumo, por el reparto de tierra, por el aumento de los jornales agrícolas o contra las quintas. Actos en los que la multitud siempre encontraba en los pudientes o en las autoridades municipales a los culpables de las desgracias que les asolaban; pegados con miga de pan masticada, pasquines anónimos donde se les amenazaba así lo atestiguaron.

Los años sesenta llegaron y, con ellos, el riesgo de contagio de esas ideologías de ruptura que estaban ennegreciendo el horizonte en la vieja Europa. Para evitar su presencia, la Diputación modificó, en parte, su actitud ante los repartos de suertes y creó la Dirección Provincial de Montes, cuya función sería poner orden en los disfrutes vecinales y, sobre todo, a partir de la institucionalización de los repartos de tierra, sofocar cualquier tipo de reivindicación que fuese más allá de esas reformas agrarias reglamentadas. Era, en fin, una forma de permitir que los jornaleros de los pueblos navarros pudieran acceder a la tierra, mejorando su maltrecha suerte. De cualquier manera, el proceso sería largo y, para cuando se concretó en todos los puntos, muchos de ellos ya habían pasado un buen rato a la sombra, en la cárcel del pueblo o del partido.